El legado de ARENA en El Salvador: espejo de Centroamérica

Centroamérica está en vísperas de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Salvador se presenta como el país más preparado para este reto. ¿Lo está realmente? ¿Qué ha pasado en quince años de gobiernos de derecha neoliberales en El Salvador? Mucho de lo que ha pasado y está pasando allí refleja los graves problemas de la transición en Centroamérica.

Revista ECA UCA El Salvador

Contrario al discurso oficial, que repite que El Salvador se encuentra en una situación magnífica, el tercer gobierno de ARENA deja a su sucesor, quienquiera que sea, las condiciones para una crisis de gobernabilidad. A este estado de crisis no se ha llegado de manera abrupta. Es consecuencia de las políticas de los dos gobiernos anteriores de ARENA. Es el resultado ya conocido de los gobiernos que han creído ciegamente en los artículos de fe del credo neoliberal.

EL EJEMPLO “EXITOSO” DEL FMI
SE APROXIMA A SU PROPIA CRISIS

El Salvador y Argentina fueron los dos modelos que el Fondo Monetario Internacional exhibía como ejemplos exitosos que deberían ser imitados por otros gobiernos latinoamericanos. La versión argentina de este modelo ya es cosa del pasado y la salvadoreña se aproxima a su propia crisis. No obstante, el presidente Flores, en continuidad con la tradición del Fondo Monetario Internacional, insistió en el éxito de la versión salvadoreña en su intervención, en octubre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Ciertamente, la responsabilidad de la actual situación crítica es socialmente compartida, aunque la mayor parte de ella recae sobre los dirigentes del partido ARENA y de sus tres gobiernos. Ante la elocuencia de los datos, la conclusión se impone: los gobiernos de ARENA han fracasado, juicio que puede parecer radical o exagerado.
Los defensores del modelo señalan como grandes logros la estabilidad de la economía, el aumento de la inversión social, la reforma educativa y la reducción de la pobreza. Según ellos, estos logros habrían colocado a El Salvador en una posición muy ventajosa para aprovechar los impulsos provenientes de la economía internacional. El argumento es engañoso, tal como sostiene el último diagnóstico de los investigadores del sector privado (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES).
De sus conclusiones se deduce que si el entorno exterior fuera favorable -con lo que eso implica de dependencia- El Salvador no podría aprovecharlo, porque no se encuentra preparado para ello, en gran medida, por la falta de interés del sector empresarial y del gobierno. Contrario a lo que parecen creer ciertos sectores, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no resolverá ninguno de los problemas que el gobierno salvadoreño no haya solventado antes. En quince años, pese a un programa amplio de ajustes y reformas, los gobiernos de ARENA no pudieron preparar al país para afrontar los desafíos del siglo XXI.

BAJA PRODUCTIVIDAD, BAJO NIVEL EDUCATIVO,
DÉFICIT FISCAL, DÉFICIT COMERCIAL

El año que viene, el tercer gobierno de ARENA entregará a su sucesor la macroeconomía en las mismas condiciones, en que la recibió Alfredo Cristiani, hace quince años, excepto en la estabilidad de los precios. Dicho de otra manera, después de quince años de reformas, promesas y, sobre todo, de mucho sufrimiento de la población más vulnerable, la economía salvadoreña se encuentra en su punto de partida.
Las exportaciones, que serían el motor de la economía salvadoreña, a partir de la apertura y los tratados de libre comercio, se han convertido en un enorme riesgo, porque no han crecido como para convertirse en el motor de la economía. Al contrario, las importaciones han crecido más que las exportaciones.
Las empresas salvadoreñas, según el diagnóstico de FUSADES, no producen lo suficiente ni son eficientes. Es más, según esa fuente, el país tiene un récord de baja productividad en el largo plazo. No obstante que la esencia del capitalismo es la innovación y el cambio -observan los investigadores de la derecha- la empresa salvadoreña tiene poco conocimiento de las nuevas tecnologías y las normas de calidad. El esfuerzo para innovar es exiguo. En realidad, el sector privado salvadoreño tiene poca capacidad para el cambio.
Hay que agregar que las políticas gubernamentales tampoco han apoyado el cambio tecnológico. Es normal, entonces, que el nivel de productividad no esté a la altura de las circunstancias. Tampoco se ha preocupado la empresa privada por formar recursos humanos cualificados, a los cuales da poca importancia, dado su desinterés por la innovación. Así, el nivel educativo del país, según el diagnóstico de FUSADES, es bajo, la cobertura es insuficiente -excepto en primaria, donde casi es total- y la calidad es bastante precaria, pese a que el credo liberal dice que la educación es la clave del desarrollo social. Las excesivas regulaciones para exportar, las deficiencias de la infraestructura, el costo elevado de la seguridad y la poca confianza en los derechos derivados de los contratos y en el derecho de propiedad tampoco contribuyen a estimular la productividad.
El gobierno que termina deja un balance fiscal deteriorado. Los indicadores fiscales mejoraron al comienzo del primer gobierno de ARENA. Pero esa mejoría duró lo que ese gobierno. La gestión fiscal comenzó a mostrar desequilibrios en el segundo gobierno y en el tercero el deterioro es incuestionable. Este gobierno no sólo no ha podido aumentar la captación de impuestos, sino que, además, ha devuelto una mayor proporción de los impuestos brutos recibidos. En otras palabras, ha mostrado menor capacidad para recaudar y ha devuelto más que los dos anteriores. La política tributaria actual, por otro lado, es más regresiva que la de los dos gobiernos precedentes. Las empresas aportan ahora menos que antes. Dicho de otra manera, la mayor parte del impuesto sobre la renta percibido es aportado por los trabajadores -cerca del 60% en el año 2002- y no por las empresas, donde se acumulan las ganancias. De esta manera, el déficit fiscal no sólo es crónico, sino también ascendente.
El sector externo también será entregado al nuevo gobierno con otro déficit crónico, el comercial. Hasta hace poco, este déficit, causado por la avalancha de las importaciones, fue cubierto con las remesas familiares de los emigrantes. Pero como éstas ahora resultan insuficientes para cerrar la brecha, el déficit se cubre con endeudamiento externo. Es decir, al país entra un dinero que, en algún momento, tendrá que salir con los intereses correspondientes. A mediano y largo plazo, este desequilibrio es insostenible, tal como lo muestra la crisis de la deuda de los años 80. Los bienes de capital, los más necesarios para aumentar la productividad, son los que menos llegan al país. Los que más llegan son los de consumo y los intermedios.

DEPENDIENTES DE UN SOLO PAÍS
Y DE LOS VAIVENES DEL MERCADO INTERNACIONAL

A pesar de la drástica apertura comercial, impulsada por los gobiernos de ARENA, convencidos de que en ella está la prosperidad, El Salvador continúa dependiendo de un solo país -Estados Unidos- al cual va destinada la mitad de sus exportaciones, casi toda ella maquila textil y, en segundo lugar, café. Esto vuelve a El Salvador dependiente de un solo país y de casi un solo producto de exportación, con lo cual su vulnerabilidad a los ciclos económicos de la economía estadounidense es máxima, tal como ya ha sido experimentado. Mal hacen quienes piensan que una recuperación de la economía estadounidense beneficiará a El Salvador, porque la crisis es recurrente y porque conociendo el fenómeno, no se busca otra salida.

La deuda se ha vuelto un grave problema. La mayor parte de ella ha sido contraída en el mercado internacional, por medio de la emisión de bonos, con lo cual El Salvador ha quedado expuesto a los vaivenes que el mercado internacional pueda experimentar. A los bonos se recurre para obtener dinero fresco de forma rápida, pero a un costo que puede ser muy elevado para los contados recursos nacionales. En los mercados internacionales predomina el más fuerte, aun cuando el perdedor sea un país pobre o subdesarrollado o cuando la población de menores ingresos sea la que deba pagar por la imprudencia de sus gobernantes. Durante crisis de este tipo, los países que menos pierden son los endeudados con bancos multilaterales -no con la banca privada-, porque sus términos son más ventajosos y seguros, a pesar de la imposición de ciertas condiciones. Entre 1993 y 1998, el saldo de la deuda salvadoreña experimentó un crecimiento del 35.3%. En los últimos cuatro años, ese saldo ha tenido un aumento del 82%.

LEGADO DE QUINCE AÑOS DE REFORMAS:
MÁS POBREZA, MENOS SEGURIDAD, MENOS VOZ

El crecimiento económico prometido con cada una de las reformas introducidas en estos quince años no se ha cumplido. No puede ser de otra manera, dados todos estos desequilibrios. El gobierno se defiende con el argumento de que el crecimiento del país es superior al promedio latinoamericano. Sin embargo, todos los años, los resultados se quedan por debajo de sus proyecciones, y sin señales claras de recuperación en el corto plazo.
El sector empresarial, imbuido de la mentalidad cafetalera, reconoce que la situación es mala, pero se consuela con que las expectativas son positivas. Lo que el gobierno calla es que el poco crecimiento económico anual es posible por las remesas de los emigrantes -2 mil millones de dólares anuales- y no por la productividad del país. Por otro lado, la estabilidad de los precios, la única novedad que deja el tercer gobierno de ARENA, se mantiene a costa de ese crecimiento lento e insuficiente.

El legado de esta era de reformas no es un crecimiento fuerte y consolidado, sino menos estabilidad y más pobreza, de lo cual también se habla poco, aunque es evidente. Este fracaso económico va de la mano del fracaso en el bienestar humano: empleo, vivienda, educación y salud. Los más afectados son los más pobres, los menos calificados, los menos educados y los más enfermos. La brecha existente en desarrollo humano, en vez de cerrarse, se ha ampliado aún más. Se suponía, y se sigue suponiendo, que las reformas crearían más empleo que antes, pero no es así.
No sólo se trata de falta de ingresos (desempleo), sino también de seguridad (delincuencia y violencia) y de voz (se ha impedido la participación en las decisiones importantes). Ni siquiera los representantes de los partidos políticos -que no representan a la población- fueron escuchados al tomar las decisiones económicas más importantes de los últimos años: la dolarización o el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al final de la transición se suponía también que habría más participación, pero ha sucedido lo contrario. Los espacios para expresar opinión son cada vez menos, la información es censurada por el Poder Ejecutivo y por los mismos propietarios y editores de los medios, los temas nacionales no son discutidos, la imposición sustituye al consenso y el conflicto social es la consecuencia lógica. Paralela al autoritarismo corre la centralización, que se resiste a entregar recursos y a delegar poder.
El gobierno posee muy poco margen de maniobra para contrarrestar el crecimiento lento y los desequilibrios crónicos. El único instrumento a su disposición es la política fiscal, puesto que, con la dolarización, el gobierno renunció a la política monetaria. Sin embargo, la dolarización tiende a desestabilizar la economía y a profundizar el crecimiento lento. Si el próximo gobierno piensa redistribuir para favorecer a los sectores más pobres y recuperar el equilibrio perdido, no tiene otra alternativa que aumentar la carga o presión tributaria. Sin duda, esto lo enfrentará con el gran capital, que se resiste a tributar de acuerdo a sus ganancias.
Por eso, mientras los candidatos presidenciales no expliquen cómo van a financiar los kilómetros de carreteras, los metros cuadrados de construcción, la ampliación de los programas de empleo, educación, salud y vivienda que prometen en sus visitas a los municipios y a las comunidades, sus discursos de campaña carecen de fundamento real o sencillamente engañan con el propósito de presentar un candidato con sensibilidad ante las necesidades de la gente. Cuando los candidatos prometen redistribuir, debieran explicar cómo enfrentarán los desequilibrios fiscal y comercial, la poca productividad, el bajo volumen de las exportaciones, el crecimiento lento y escaso y, sólo después, la falta generalizada de bienestar.

DEBILIDAD POLICIAL Y JUDICIAL:
UN VACÍO QUE OCUPA EL CRIMEN ORGANIZADO

Es principio establecido que el gobierno que no puede financiar sus gastos, ni cuidar de la población a su cargo, es un gobierno débil. Pero éstas no son las únicas debilidades del gobierno salvadoreño. Otra muestra de debilidad incuestionable de los gobiernos de los últimos quince años es el espacio que dejaron libre para el desarrollo del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Estas actividades se han desarrollado y fortalecido a la vista de las instituciones estatales.
La Policía reclama con insistencia más leyes específicas, pero se resiste a reconocer que la debilidad la tiene dentro de ella misma, en su falta de independencia para operar e investigar el delito. No tiene libertad para investigar, sino que recibe órdenes sobre qué y a quién investigar. La Policía tiene “otras” obligaciones que debe honrar, porque sus mandos más importantes están comprometidos en actos ilícitos y, ciertamente, se han enriquecido de una forma no explicada. Una de esas obligaciones es dejar actuar a determinadas organizaciones o grupos. No es extraño, por tanto, que los mandos medios y bajos también formen parte de redes criminales, aunque a la hora de la depuración, sólo algunos de los mandos inferiores son sancionados, porque los mecanismos establecidos para controlar la institución operan de manera discrecional. En sus años de existencia como institución civil, la Policía salvadoreña no ha podido desarrollar capacidad para investigar y perseguir el delito. Esta debilidad se remonta a la época en que fue controlada de forma abierta por el Ejército. En la actualidad, casi todos sus mandos altos pertenecieron a la institución militar y prestaron servicio en los cuerpos de seguridad, suprimidos precisamente por su incapacidad y sus abusos. Los oficiales jóvenes de entonces ocupan ahora la dirección y no están familiarizados con una investigación policial seria e independiente.

Algo similar sucede con el Ministerio Público, que también recibe órdenes similares, desconoce el rigor del trabajo judicial y fiscal y es muy vulnerable a las intervenciones del poder y del dinero. El sistema judicial tampoco es independiente del gobierno ni de los grupos poderosos e influyentes. La dirección y administración de estas instituciones son ocupadas por funcionarios leales al sistema actual y sobre todo a quien los coloca en el cargo. No son elegidos por su capacidad, ni por su trayectoria profesional, ni por su compromiso con la investigación judicial y la justicia, sino por su disposición a conservar y reproducir el orden establecido. A la sombra de estas debilidades, el crimen organizado se ha apoderado del espacio dejado por el gobierno. Esta debilidad acumulada, a lo largo de la transición, es una deuda de ARENA con el país.

UN ESTADO QUE RENUNCIA A INTERVENIR:
CAMPO LIBRE A LOS ABUSOS DEL CAPITAL

El gran capital ha sabido aprovechar el vacío dejado por los gobiernos de ARENA en el campo de la actividad económica. Los grandes empresarios no sólo defienden como el valor más preciado y único la libertad que les han dado estos gobiernos, sino que la han aprovechado bien, en su propio beneficio. Al renunciar a intervenir en la actividad económica, el gobierno también ha dejado el campo libre al gran capital y a los grandes consorcios, los cuales han cometido toda clase de abusos. El gobierno les vendió casi todos los activos públicos y creó unas superintendencias débiles e ineficaces, que no controlan sus actividades; ha rescatado con fondos públicos empresas financieras en quiebra por fraude y corrupción; suprimió la planificación de la economía y convirtió el Banco Central en un registro nacional de datos económicos. El gobierno casi no cobra impuesto a las empresas, tampoco les exige cumplir con la ley; incumple contratos contraídos para favorecer a ciertos consorcios nacionales, aun en perjuicio del país; admite el soborno de forma abierta y, lo que es peor, lo justifica. En síntesis, la llamada libertad de mercado no es más que un eufemismo para construir oligopolios, tolerar la competencia desleal, engañar al consumidor o al usuario. Es a esta libertad a la que se refieren ARENA y su gobierno.

La liberalización de la economía, promovida por las reformas, reclamaba un gobierno fuerte, justamente, para evitar estos abusos. Pero los gobernantes de ARENA, como buenos neoliberales, crédulos en que el mercado es la salvación de los desempleados, los excluidos y los pobres, abandonaron el terreno al gran capital, convencidos que la mano invisible se encargaría de mantener los equilibrios, y como buenos servidores de éste, lo favorecen siempre, aun a costa del bien general. Pero la finalidad del capital es generar ganancias y no la asistencia social ni la caridad, mucho menos en un contexto que otorga al mercado todos los beneficios y las facilidades.

PÉRDIDA DE TERRITORIO:
ANTE LAS PANDILLAS Y ANTE HONDURAS

Las pandillas juveniles también se han aprovechado de la indiferencia y la desidia gubernamentales para crecer, consolidarse y sobre todo para apoderarse del territorio abandonado por las autoridades. Hay muchas zonas del país donde el orden lo imponen las pandillas locales, no la Policía. Desde hace bastante tiempo, la Policía no opera en zonas enteras, urbanas y rurales, del país, ni siquiera circula por ellas. Las alarmas lanzadas por el gobierno actual son tardías, y el método propuesto para reconquistar el terreno perdido es inadecuado, puesto que no se trata de un desafío militar, sino social. Una presencia policial disuasoria, pero firme, hubiera evitado que el territorio y la población de municipios y ciudades cayeran en manos de estas pandillas. La operación de limpieza que la Policía e incluso el Ejército llevan a cabo en la actualidad es tan limitada que sólo cubre las zonas más visibles.
Los gobiernos de ARENA no sólo perdieron territorio ante fuerzas sociales internas, sino también ante Honduras. No supieron defender con lucidez el llamado bolsón de Nahuaterique. Distraídos con el golfo de Fonseca, los abogados salvadoreños se olvidaron de la población salvadoreña residente en ese territorio. Pudieron haber argumentado con fuerza el derecho de posesión pacífica del territorio y la conciencia clara de nacionalidad salvadoreña de esos habitantes. Este argumento suele tener más peso que cualquier otro en los tribunales internacionales donde se ventilan estos reclamos. Hasta el día de hoy, esa población se sigue considerando salvadoreña, no obstante haber quedado en territorio hondureño y gran parte de los problemas sociales de la zona se originan en este descuido gubernamental. En cambio, obsesionados con la región del Golfo, insisten todavía en reclamar un territorio que ha estado en posesión pacífica de Honduras desde la independencia y cuya población se considera hondureña.

INCAPACES DE CREAR Y RECREAR LA NACIÓN:
¿QUÉ QUEDA DEL “AMOR PATRIO”?

En el ámbito cultural, el gobierno salvadoreño ya no es capaz de crear y recrear la nación. La derecha percibe correctamente esta incapacidad y coloca en la lista de los valores perdidos la emoción que la patria, sus símbolos y sus rituales debieran despertar en sus hijos e hijas. Antes no era así, la sociedad vibraba al unísono con las fiestas patrias. Ahora, a la multitud sólo le interesa el espectáculo de un desfile que, en cuanto tal, puede ser organizado cualquier otro día del año. Todavía se canta el himno y se recita la “Oración a la bandera” con regularidad en los centros educativos, pero la derecha percibe con agudeza que algo importante se ha perdido, que se ha roto un vínculo profundo que, como es natural, quisiera rescatar, porque de él depende su legitimidad y la del desorden social que ha impuesto. Ahora, sólo los emigrantes vibran con la emoción de la idea de la patria tradicional. La derecha no cae en la cuenta que la nostalgia es lo que la une a esos emigrantes. Nostalgia del pasado ido y nostalgia de la tierra natal abandonada.
La idea de la patria salvadoreña tradicional que la derecha añora fue construida después del fracaso del primer intento regional por construir un Estado centroamericano federado. A partir de entonces, cada gobierno construyó su propia identidad nacional y los símbolos que la representaban. Todos ellos lo hicieron en unos términos muy similares, porque eran los que estaban en boga en la segunda mitad del siglo XIX. Elaboraron la historia nacional y crearon las fiestas patrias, tal como son conocidas, incluida la estética militar -herencia de las guerras de la federación y no de la independencia, que fue un acontecimiento cívico-.
La indiferencia actual es lógica. No podía ser de otra manera, ya que la nación es consecuencia del Estado, de sus políticas culturales y de sus esfuerzos por unir a la población que reside en su territorio en una identidad compartida. La historia y los símbolos nacionales fueron creados para sustentar ese esfuerzo de construir la nación. Por eso, la historia nacional no suele ser fiel a la realidad histórica, ni es ésa su pretensión. La idea de nación, creada por los gobiernos cafetaleros, fue reelaborada luego, para acomodarla a las circunstancias. Esas reelaboraciones consiguieron su objetivo, conservaron la identidad, de la cual el sistema derivó su legitimidad. Ese sentimiento de pertenencia era reforzado por la ampliación de la educación y de otras políticas sociales. La cuestión es que ahora la nación ya no vibra con tanta intensidad, ni de forma tan unísona.
La razón es sencilla. El gobierno excluyente no produce nación, puesto que destruye su fundamento. Al excluir a la mayoría y al enfatizar la individualidad, se pierde el sentido común y la referencia a un “nosotros” mayor se vuelve casi imposible. En la medida en que las políticas públicas son percibidas como próximas a intereses extranjeros y de pequeños grupos privilegiados, la nación se desentiende del Estado. Porque antes, el Estado se desentendió de la nación. En estas circunstancias, el vínculo colapsa. Prueba de ello es que los símbolos que en la actualidad representan a la nación, ya no poseen la fuerza de antes.

CRISIS DE IDENTIDAD Y DE PERTENENCIA:
¿QUIÉN SIENTE LA NACIÓN SALVADOREÑA?

La apertura a los mercados incluye una dimensión cultural que, por lo general, pasa desapercibida, pero no por eso es menos real. Esa apertura al mundo amplía el horizonte, aumenta las opciones para ejercer la libertad individual, abre nuevas posibilidades para participar y refuerza la imagen del individuo libre, pero al mismo tiempo acaba con los vínculos y comportamientos tradicionales, los que daban identidad, pertenencia y legitimidad. Cada quien puede elegir religión, prácticas sexuales, estilo de pareja, asociaciones... El individuo y su libertad, artículos fundamentales del credo neoliberal, se afirman con más fuerza. En esa medida, es cada vez más difícil hacerse una idea de la sociedad, de lo común y compartido. Existe el país, pero la sociedad como tal ya no es un hecho evidente. La multiplicidad de creencias, valores, estilos y modas, traída por esa apertura, ratifica al individuo libre, pero dificulta la elaboración de referencias colectivas.

La reforma neoliberal ha impuesto un estilo de convivencia que es la negación misma del vivir con los demás.
Los vínculos sociales se han reducido a su mínima expresión, con lo cual la nación, como un todo colectivo y compartido, carece de contenido. Los espacios para cultivar la solidaridad y vivir experiencias colectivas fuertes han desaparecido. Por eso, ante la adversidad y la impotencia, el individuo tiende a buscar refugio en el grupo primario o en su interioridad. De ahí la fuerza de las experiencias religiosas interioristas, que enfatizan la subjetividad y las emociones, o la importancia de la familia del emigrante como vehículo indispensable para iniciar la nueva vida. La comunidad, la sociedad o la nación son realidades desconocidas para los individuos que las conforman, con lo cual el sentimiento de pertenencia, la identidad y la solidaridad le son ajenos. Cada vez le resulta más difícil hacerse una idea de la vida social, en su totalidad, y sentirse parte de una colectividad. Este repliegue a lo privado e interior, en contraposición a lo social y público, hace al individuo menos social. La palabra pierde poder ante la imagen, la realidad se difumina ante lo virtual, lo real y el ser son desplazados por la apariencia y la representación.

CRISIS DE LA POLÍTICA Y DE LA DEMOCRACIA:
IMPOTENTES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Resulta muy paradójico que la ampliación insospechada de la libertad individual lleve implícita un sentido profundo de impotencia. Las políticas gubernamentales de los últimos quince años, fundamentadas en la libertad, han dejado a la mayor parte de la población salvadoreña inerme e impotente. Ésta ha llegado a aceptar con resignación el desorden social actual como algo natural y, en consecuencia, sustraído a las transformaciones de la acción política o social.
En estas circunstancias, la política y también la democracia tienen muy poco que ver con su vida cotidiana, ya de por sí bastante azarosa. En su lucha individual por sobrevivir, la gente percibe que debe enfrentar fuerzas poderosas externas, que desde siempre han decidido su destino. Su futuro depende más de circunstancias externas incontrolables que de decisiones propias. La gente siente que no vive su vida, que se la imponen.
La oportunidad no existe y el esfuerzo resulta inútil. Los recursos indispensables están fuera de su alcance y sus relaciones sociales son poco confiables. Las únicas alternativas que encuentra son la huida hacia el mundo privado y sus diversos ámbitos o hacia el Norte, pues transformar esas fuerzas se le presenta como una tarea imposible; o asumir ese orden tal como es para intentar aprovecharse de él, aun sabiendo de antemano que puede fracasar o tener una vida corta, tal como deciden los miembros de las pandillas juveniles.
En estas circunstancias es muy difícil sentirse parte de un sujeto colectivo con poder para decidir sobre su destino y el de todos sus integrantes. Por consiguiente, es casi imposible asumir el proceso social como colectividad. Mientras la libertad parece no tener límite alguno, la impotencia colectiva es realidad cotidiana. La consecuencia es la desvinculación emocional y el derrotismo.
Los símbolos que representan la nación y el Estado no pueden permanecer ajenos al deterioro de las realidades comunes y sociales, puesto que los referentes y las representaciones se crean y recrean a partir de las experiencias concretas de convivencia.
La simple repetición de los rituales nacionales ya no tiene poder para reproducir y transmitir la identificación con el sistema. Aunque esto no excluye el discurso populista e incluso nacionalista que busca, precisamente, sintonizar con las experiencias subjetivas de exclusión y desamparo. Las clases dirigentes salvadoreñas han sido incapaces de crear nuevas representaciones más acordes con la realidad vivida, porque éstas reclaman un fundamento real del cual son privadas. Es irónico que las representaciones nacionales hayan sido despojadas de su poder por los mismos que ahora lamentan su irrelevancia.

LAS FALSEDADES DEL PRESIDENTE EN LA ONU

Este fracaso es ocultado por una especie de confabulación del gobierno y de los medios de comunicación de masas salvadoreños. Pero su magnitud ha alcanzado tales proporciones que mienten de manera descarada y sin escrúpulo alguno. La última intervención del presidente Flores, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ilustra los extremos a los cuales se ha llegado, en ese afán por ocultar la realidad nacional. En ese foro, el presidente tuvo la audacia de presentar a El Salvador como un modelo exitoso de experimento neoliberal. Para ello tuvo que recurrir a unos índices desconocidos. De todos ellos, sólo la tasa de mortalidad infantil es correcta. Los demás no coinciden con los del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ni con los de las mismas fuentes oficiales.
Según los cálculos presidenciales, en los tres gobiernos de ARENA, la pobreza se habría reducido a la mitad, al pasar del 60 al 33%, pero Naciones Unidas sostiene que en el año 2000, el 45% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza y es poco probable que en dos años ese índice haya disminuido doce puntos para alcanzar el nivel anunciado por el Presidente, estando de por medio los terremotos, la recesión y el hambre. La extrema pobreza también se habría reducido a la mitad, al pasar del 30 al 15%, pero Naciones Unidas precisa que casi el 20% de la población vive en extrema pobreza. El analfabetismo es otro índice que se habría reducido a la mitad, al pasar del 25 al 13%, pero Naciones Unidas indica que es del 21%. Lo mismo sucede con el agua potable, la electrificación y el desempleo, bastante más elevado de lo que el gobierno reconoce: cerca del 17%, contra el 6% en el discurso del Presidente. Sólo el subempleo llega al 30% y afecta sobre todo a la mujer.

Si fuera cierto que el gobierno de Flores ha levantado 106 viviendas diarias, el déficit habitacional estaría a punto de ser superado, pero el viceministerio del ramo dice otra cosa. Si es cierto que ha construido un kilómetro de carretera diario en sus cuatro años de gobierno, el país tendría ahora más de mil cuatrocientos kilómetros adicionales y la gente no le pediría al candidato de ARENA tanta calle ni puente. Si es cierto que cada cinco días construye una unidad de salud y que cada día levanta tres escuelas, el país tendría hoy 292 unidades y 4,380 escuelas adicionales. Tal vez el Presidente confunde reparación con construcción y aulas con escuelas.
Posteriormente, la Comisionada presidencial para lo social explicó que esos datos son una manera de cuantificar el esfuerzo hecho en esas áreas. Ciertamente, una extraña manera de cuantificar. Lo más contradictorio es que, en ese mismo foro, el presidente Flores proclamó el derecho a la verdad de la población salvadoreña y del mundo. Una verdad que él mismo le niega, porque no se atreve a decir cuál es el estado real del país y porque tampoco le permite identificar a los violadores de los derechos humanos durante la guerra civil, ni a los corruptos, delincuentes y homicidas de estos años de transición.

LA LÓGICA CAPITALISTA NO FUNCIONA
Y LA SOCIEDAD NO SE ANIMA A PARTICIPAR

El fracaso de El Salvador como país es reconocido por amplios sectores sociales salvadoreños, excepto por ciertos sectores extremistas de la derecha empresarial y política, y por organismos internacionales, dedicados al desarrollo humano. Los extremistas de la derecha y del gobierno, no obstante la evidencia empírica, mantienen, de manera obcecada, la pertinencia del modelo. El mismo Presidente Flores se atreve a proponerlo como modelo a ser imitado por la comunidad internacional, aunque para ello tiene que ocultar la realidad. La obcecación responde a la resistencia al cambio y a la incapacidad o pereza para buscar alternativas. Incluso el FMLN, que ha hecho del cambio su divisa, rehuye enfrentar la realidad. Prueba de ello es que posterga los cambios anunciados para cuando llegue a la Presidencia de la República, puesto que sólo concibe el cambio desde arriba y desde el poder de ese cargo.

Es evidente que la lógica capitalista está constituida por elementos que impiden que el modelo salvadoreño alcance las metas que él mismo se propone. Este sistema no funciona sin los controles adecuados y sin unos canales de redistribución efectivos. Los controles y la redistribución corresponden al gobierno, pero la sociedad es la que debe exigirlos con determinación, así como también vigilar de cerca su ejecución. El modelo rehuye ambos contrapesos y un gobierno de derecha como los que El Salvador ha tenido en los últimos quince años, no dará un paso para imponer estos cambios sin ser presionado. Abandonado a su lógica implícita, el modelo capitalista actual sólo aumenta las diferencias económicas, sociales y culturales, tal como se constata en la experiencia salvadoreña, después de largos años de régimen neoliberal. Por lo tanto, una alternativa es forzar el establecimiento de estos controles y mecanismos de redistribución, puesto que el modelo ha demostrado su incapacidad para dar este paso, por iniciativa propia o por convencimiento. Hacerlo, sería ir contra su propia naturaleza. Sin embargo, una institucionalidad eficiente y eficaz es indispensable para sofrenar las tendencias acaparadoras y destructivas del capitalismo.
Sin la sociedad, esta alternativa se queda corta. Una transformación de la institucionalidad actual enviaría una poderosa señal a la sociedad sobre la posibilidad real del cambio y la animaría a participar. El potencial social de la población debe ser convertido en un potencial político, entendido en sentido amplio. Las decisiones importantes sobre políticas públicas debieran ser consultadas con la sociedad y en particular con sus organizaciones. La dimensión técnica de éstas no es razón suficiente para excluir a los sujetos, ahora pasivos ante esas decisiones.

EDUCACIÓN Y PROYECTOS COMUNITARIOS

Existen otras alternativas complementarias, orientadas a reforzar el papel activo de la sociedad. La ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad de la educación hasta abarcar a toda la población salvadoreña es un instrumento de movilización social imprescindible. La expansión y la calidad de la educación influyen en la mentalidad de las generaciones futuras y, sobre todo, inciden en su actitud frente a la tradición y al cambio, las ayudan a conocer sus derechos y responsabilidades, y su papel en la sociedad y el Estado. No es suficiente prometer que se va a gastar más en educación, el contenido de la educación es determinante para la movilización de la sociedad.
Se aspira a formar una ciudadanía que sepa hacer valer sus derechos, bien dispuesta al aprendizaje permanente, y dotada de habilidades y conocimientos para desenvolverse en la sociedad actual. La educación debe estar orientada de tal manera que sea un medio eficaz para impulsar el ascenso social de las futuras generaciones -y no sólo el de unos cuantos privilegiados-, la participación activa en los asuntos públicos y la plena realización de las personas.

Los proyectos de desarrollo comunitarios y regionales son otro instrumento eficaz de movilización social. A diferencia de la educación, cuya reforma se quedó sin aliento, en el país existen experiencias que demuestran su viabilidad. Aun cuando son proyectos centrados en el desarrollo económico, no se limitan a éste, sino que repercuten positivamente en los otros ámbitos de la vida colectiva, transforman las relaciones sociales del grupo e incluso se convierten en aliciente para alcanzar niveles superiores de educación, con lo cual se garantiza la productividad y la viabilidad del proyecto mismo. Al estar centrados en la comunidad, estos proyectos crean redes sociales fuertes, elevan el nivel de vida colectivo e individual y construyen una cultura solidaria. No se trata del viejo asistencialismo remozado, sino de impulsar la creación de economías locales con potencial para crecer y generar utilidades. En esto no hay diferencia con el modelo capitalista. Incluso, en sus relaciones con el mundo exterior a la comunidad, estos proyectos se rigen por las leyes capitalistas. Pero, hacia adentro, las utilidades son repartidas de manera solidaria, lo cual introduce una perspectiva radicalmente nueva.
La existencia de estos proyectos no sólo es una señal de cambio, sino que su misma concreción es una constatación de que la alternativa se encuentra al alcance de la mano. Estas experiencias novedosas, las cuales se multiplicarían con mayor velocidad, si encontraran más apoyo gubernamental, ya pueden exhibir pequeños éxitos, incluso en el campo de las exportaciones. De hecho, algunas de ellas poseen una enorme vitalidad, un valor que parecen haber perdido los grandes empresarios, en particular, los industriales. El cambio es posible, pero con la colaboración y participación activa de la población organizada, no desde arriba, ni desde fuera.

Estos proyectos tienen capacidad para aglutinar otras problemáticas críticas como la salud y el medio ambiente.
La enfermedad y el medio ambiente adverso obstaculizan el bienestar y aumentan la pobreza. La salud y el medio ambiente no son lujo de países ricos, inalcanzables para los pobres por falta de recursos. Las comunidades han demostrado tener una enorme capacidad para prevenir la enfermedad y encontrar formas para ordenar y resguardar el medio ambiente, en aras de su propia superación y de su bienestar. Las tareas productivas, educativas, sanitarias y medioambientales son formas eficaces para construir comunidad y una vida orientada hacia los valores comunitarios y solidarios, para crear una cultura de vida.
Esta cultura actúa como una poderosa red de protección social ante las amenazas, tanto de origen social como natural, que se ciernen sobre las comunidades. La seguridad que los gobiernos no han podido garantizar a la población, ésta es capaz de preservarla, en una medida no despreciable, si está organizada.

LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La lucha por la verdad y la justicia es otro frente donde la voluntad de los familiares de las víctimas, convencidos de la injusticia que han padecido, gana terreno a la impunidad institucionalizada. Es cierto que la multitud de obstáculos que deben salvar hace lento su progreso, pero su determinación personal y el apoyo que encuentran en otros familiares de víctimas de injusticias similares, con quienes comparten su dolor, su memoria y su compromiso con la verdad y la justicia, y en organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos ha conseguido ganar terreno a la impunidad.
Los casos presentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aumentan, al agotarse los recursos en las instituciones salvadoreñas. Algunos de ellos ya se encuentran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cuyas sentencias el Estado salvadoreño no puede escapar con facilidad. En dos ocasiones se ha obligado a ex-generales salvadoreños a comparecer ante un juez estadounidense para responder por torturas, violación y asesinato. Y se instruye otro caso por el asesinato de Monseñor Romero. El monumento para conmemorar a las víctimas de la guerra civil se levanta con gran esfuerzo de organizaciones no gubernamentales que han decidido desafiar el olvido gubernamental. Es un camino que se comienza a recorrer, un poco más despacio que en el Cono Sur, donde las leyes de amnistía ya han caído y donde muchos militares ya han sido encarcelados y llevados a los tribunales.

UNA HERENCIA Y DOS LECCIONES

La herencia de estos quince años de ARENA contiene al menos dos lecciones positivas para el futuro inmediato. Por un lado, es evidente que el modelo actual, aun con los tratados de libre comercio, no es solución para los desafíos económicos, sociales y culturales ni del país ni de la región centroamericana. Por otro lado, ha forzado la creatividad para lanzar las primeras experiencias alternativas. No todo es negativo. Sin pretenderlo, esa herencia ha abierto un horizonte para consolidar y expandir esas experiencias. La tragedia es que quienes tienen el poder para decidir todavía se mantienen apegados al viejo modelo. Corresponde, pues, a la sociedad y a sus organizaciones forzarlos a ver la nueva realidad que ya apunta y a comprometerse con ella.

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