México
Alarmantes signos de una "guerra sucia"
Las víctimas de la arbitrariedad terminan siendo los culpables. Y los militantes de las organizaciones sociales y políticas son acosados como delincuentes y terroristas. La ingobernabilidad del país se profundiza. Y el partido-Estado quiere responder con una guerra sucia.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
A lo largo del mes de agosto tuvieron lugar en México hechos que permiten, aún en un análisis preliminar, dibujar el cuestionable modo de operar de las autoridades en la contención de los movimientos sociales y políticos.
Desde enero de 1994 sabemos que la estrategia oficial frente al conflicto armado en Chiapas el más preocupante para el gobierno de estos movimientos está formulada en términos de sitio, de acorralamiento y de cerco del contrincante. El ataque, en febrero 95, contra los bienes indispensables para la sobrevivencia de la población civil chiapaneca, la manipulación de los medios de comunicación, el eforzamiento de efectivos militares y de vuelos de reconocimiento o patrullajes que buscan sembrar terror entre los indígenas, pasando por la cerrazón de la delegación oficial en el llamado Diálogo de San Andrés y el hostigamiento a sectores de la sociedad civil simpatizantes del EZLN, son todos procesos tendientes a fortalecer el aislamiento de todo movimiento zapatista militar o político . Implícitamente se plantean como antesala de la rendición o de una eventual ofensiva final de exterminio, cuando esté ya "justificada" ante la opinión pública nacional e internacional.
La mayor concentración militar de la historiaLa Jornada publicó el 11 de agosto un reportaje revelador en el que afirma que en la selva Lacandona existe un soldado por cada tres habitantes, siendo ésta la mayor concentración militar que registra la historia mexicana. Ubicados en la periferia de 37 comunidades indígenas y mestizas, localizadas en una superficie superior a los 20 mil kilómetros cuadrados "la zona de conflicto" se encuentran posicionados 36 40 mil elementos del Ejército Federal. Según la investigación del diario, la distribución territorial de los cantones militares es reforzada por continuos sobrevuelos de detección y reconocimiento, acompañados de patrullajes aéreos realizados por helicópteros, que buscan intimidar a los habitantes.
Este cerco militar tiene su complemento en la intención oficial de minimizar ante la opinión pública el problema que se vive en Chiapas y de inhibir cualquier iniciativa de organización civil en torno a los zapatistas. La exitosa realización de la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia convocada sorpresivamente por el EZLN, y en la que se calcula participó un millón de mexicanos, representó un serio golpe a esta estrategia de cerco, que busca restringir el conflicto a los límites de la problemática regional chiapaneca.
Víctimas = culpablesSe explica así el hostigamiento y la campaña de desgaste y descrédito montada por el gobierno contra quienes promovieron y efectuaron la Consulta. La detención, las amenazas, el bloqueo de los eventos y las acusaciones de repartir "propaganda subversiva" que sufrieron activistas de la Consulta, así como el hostigamiento padecido en las mesas de votación y el ninguneo con que los medios masivos de comunicación acogieron la actividad e informaron sobre sus resultados, son capítulos del vano intento de la autoridad por limar el impacto nacional del zapatismo.
Al representar el levantamiento armado indígena la protesta más contundente hecha al gobierno mexicano contra su política económica, política y social, y al erguirse el EZLN como potencial polo aglutinador del creciente descontento social ante la crisis, la estrategia oficial recurrió una vez más a la represión y a la deslegitimación pública del movimiento.
En un esquema de seguridad nacional en el que ésta significa salvaguarda del interés político oficial, cabe el uso del calificativo "terrorista" o "subversivo" para justificar ante la opinión pública cualquier acción de violencia contra cualquier ciudadano u organización social que critique o cuestione al gobierno. Así, quien es víctima de violaciones a los derechos humanos por su actividad pública o social, es convertido, antes o después, en culpable.
El caso de Guerrero, donde en junio fueron asesinados 17 campesinos que se dirigían a un acto organizado por el PRD, ilustra esto a la perfección. El modus operandi del aparato represivo quedó claramente dibujado en la matanza de Aguas Blancas y fue recogido acuciosamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: se alteró el lugar del crimen, se falsificaron evidencias, se declararon mentiras, se ocultaron datos, se falsearon peritajes y se desvió la averiguación penal.
Todo esto se hizo con el fin de crear un escenario en el que pudiera culpabilizarse a las víctimas, dejando en la impunidad a los agresores. El nuevo Procurador del Estado, Jesús Salas, sucesor de quien fuera removido de este cargo por recomendación de la propia CNDH, declaró: "No fue represión, sino un lamentable suceso". El modo como el gobernador de Guerrero fue "cumpliendo" la recomendación de la CNDH parecía responder sobre todo a esta pregunta: ¿cómo sortear el escándalo de manera que todo quede igual?
La CNDH describió el operativo y sus mecanismos de encubrimiento, pero no explicó su causa. No parece haber intención de ir al fondo de esta matanza procesando a sus autores intelectuales y a los últimos responsables para que expliquen por qué se ordenó el crimen y a qué interés obedeció su planeación. Para que digan por qué tuvieron que matar. Y es que si se llegara hasta ahí, habría que responder a la denuncia hecha por el PRD, que señaló que en los últimos tres meses y en Guerrero, 16 de sus militantes, siempre campesinos, han sido asesinados por motivos políticos.
Militantes = delincuentesTal y como lo señaló en Radio Educación, el 11 de agosto, Abel Barrera, Presidente del Centro de Derechos Humanos de la montaña de Guerrero, ante la emergencia de movimientos sociales en ese Estado, las autoridades quieren encuadrar el esquema Chiapas en Guerrero haciendo falsas acusaciones a la Iglesia progresista, a las ONG, a los indígenas y a los intelectuales. El recurso favorito es "la búsqueda de grupos armados o delincuentes", lo que permite a la autoridad de Guerrero leer como conspiración cualquier reunión, foro o asamblea que realice cualquier grupo organizado.
El gobierno trata de crear un delincuente de cada militante. El PRD denunció un patrón de persecución contra algunos de sus miembros señalando la publicación de documentos que los involucran en delitos que no están tipificados en la ley, como el de "subversión política". El 17 de agosto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) fue amenazado en la persona de su director colaborador de envío , el sacerdote jesuita David Fernández, precisamente por denunciar el actuar oculto, impune y al margen del marco constitucional de los aparatos de seguridad.
El disfraz legal que pretende darse a las acusaciones contra dirigentes y activistas sociales no posee ningún fundamento. La CNDH lo demostró en Guerrero. El sustento jurídico que se pretendió dar en febrero a la captura de presuntos zapatistas no resiste una confrontación con la ley. La defensa de estos presos, coordinada por el Centro Prodh, ha demostrado "la inconsistencia de las acusaciones que la Procuraduría General de la República formuló en su contra". Y "si la justicia prevalece como lo señaló el Centro el 21 de agosto pronto empezarán a obtener su libertad los presuntos zapatistas".
Hay varios signos preocupantes en el país: La lógica de las decisiones tomadas por la autoridad frente a la pobreza creciente en el país: en lugar de poner en práctica medidas de tipo económico necesarias para resolver el rezago social y la marginación de las zonas indígenas y campesinas, las zonas se militarizan pretextando lucha antidroga o búsqueda de armas.
El plan piloto anunciado por el gobernador de Chihuahua, que busca sustituir con militares a agentes de la Policía Judicial Federal y del Ministerio Público, medida que es más de "seguridad nacional" que de "seguridad pública". El discurso de la "seguridad nacional" aparece cada vez con mayor frecuencia para justificar la presencia del ejército en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua.
Los enfrentamientos de policías con vendedores ambulantes del Centro Histórico en el DF y las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del DF al calificar de "legal" la violencia que se ha aplicado en los operativos de desalojo, señalando que el uso de la fuerza es precisamente lo que diferencia al Estado de Derecho de "los sistemas donde prevalecen los convencionalismos sociales o normas morales que se cumplen por actos de fe".
La sociedad está también atenta al contenido de las iniciativas anunciadas por el Presidente Zedillo en su primer informe de gobierno, acerca de las modificaciones de la ley penal y al marco legal que pretende dar a la llamada Coordinación de Seguridad Pública de la Nación.
"Muy pronto querrás no haber nacido"En el número del 14 de agosto de la revista mexicana Proceso, el sacerdote jesuita David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y colaborador de envío, denunciaba en una entrevista que existen signos claros de que en 1995 ha comenzado en México la guerra sucia, la violencia de Estado y la represión. "Cada vez es más notoria dijo la penetración del narcotráfico en las altas esferas gubernamentales y se está fraguando una alianza entre los caballeros de la droga, los grandes empresarios y los políticos duros".
"De la noche a la mañana añadía David Fernández el Poder Judicial aparece como un poder absolutamente corrompido, las cámaras de diputados y senadores son totalmente incapaces de aportar soluciones, la Procuraduría General de la República resulta ya inoperante y vemos que casi todo México ha entrado en crisis. Iniciamos el camino de la peruanización". El entrevistado también aportaba los nombres de quienes, a su juicio, están dirigiendo "la guerra sucia" contra los que luchan, buscan y demandan una alternativa a esta crisis.
Después de esta entrevista, David Fernández comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas como le ha sucedido a otros muchos en las que se le amenazaba de muerte a él y a su familia. "Muy pronto querrás no haber nacido, muy pronto vas a recibir un regalito... Perro mal nacido, ¿quieres ser redentor? Muy pronto vas a serlo, con nosotros no se juega", le decían. El 18 de agosto, el provincial de los jesuitas en México, José Morales Orozco, se dirigió por carta al Secretario de Gobernación y al Procurador de Justicia denunciando estas amenazas y afirmando que "las amenazas de muerte, el amedrentamiento, el hostigamiento y la tortura son prácticas comunes en nuestra patria". Morales Orozco exigía seguridad para la vida del padre David y de sus familiares. La revista envío se suma a esta denuncia y al clamor por la justicia de millones de mexicanos.
Narco ingobernabilidadEn agosto y en el panorama político, se registraron avances significativos en la ingobernabilidad que sacude al país. Después de nueve meses de gobierno, Zedillo no logra consolidar ni un programa de gobierno ni un equipo bajo su mando. Desde su primera conferencia de prensa hasta su primer informe de gobierno, prevalece la incertidumbre y la expectativa de que anuncie alguna modificación sustancial en la economía, en la política social o en la política interior, que esté a la altura de las necesidades y reclamos de diversos sectores de la sociedad. La ausencia de este anuncio confirma la falta de liderazgo político del Ejecutivo y vacíos de poder y de control cada vez más evidentes.
A las postergadas aclaraciones de los asesinatos políticos de varias personalidades se vienen sumando denuncias de intimidaciones que llegan a la amenaza de muerte contra dirigentes de partidos políticos, organismos civiles y medios de comunicación. Las investigaciones en torno a los asesinatos del Cardenal Posadas y del dirigente priísta Francisco Ruiz Massieu en las que resultan involucrados, de una manera u otra, altos funcionarios del gobierno anterior, el representante del Vaticano y jefes de la mafia , así como las filtraciones acerca de una posible negociación en México entre la Procuraduría General de Justicia y el "capo" de la droga Juan García Abrego, aunadas a la ubicación estratégica de México y al debilitamiento de los principales carteles del narcotráfico colombiano, hacen pensar en una acelerada y profunda recomposición de las fuerza que compiten por el control del mercado de la droga a nivel internacional. El que las investigaciones de los magnicidios no hayan avanzado significativamente y en uno de ellos caso Posadas se vuelva oficialmente al punto inicial, puede deberse a este tipo de pugnas internas, aún no definidas.
La credibilidad de la instituciones se ha visto gravemente debilitada por la impunidad prevaleciente ante hechos como la masacre de Guerrero, el encarcelamiento irregular de presuntos zapatistas, los violentos desalojos contra vendedores ambulantes y el conflicto sin resolver de la Ruta 100. La politización de conflictos sociales como el que afecta a los deudores de la banca contribuyen a crear un clima de agitación política y ponen en evidencia el poco oficio de las autoridades para establecer negociaciones entre los diversos intereses en pugna.
La mesa de negociación para la reforma del Estado convocada por el Presidente se ha encontrado con problemas que pusieron a prueba la voluntad política del PRI y del gobierno y que no dejan que esa iniciativa arranque. La dificultad en llegar a algún acuerdo mínimo, después de haber sido instalada con un alarde propagandístico que comprometió la figura presidencial, ha producido un efecto contrario al deseado, interpretándose como un fracaso más de Zedillo, sobre todo ahora que éste propuso que el proyecto pasara al Poder Legislativo.
Zedillo: primer informeEn este clima de incertidumbres, la comparecencia del Presidente Zedillo al presentar su primer informe de gobierno despertó grandes expectativas sobre el eventual anuncio de medidas espectaculares que dieran un giro a la difícil situación de los mexicanos. Pero ese anuncio no se produjo.
Según el Artículo 69 Constitucional, el informe de gobierno debe dar cuenta de las actividades realizadas por el Ejecutivo y no ser un catálogo de promesas propias de un candidato en campaña. Esta vez, el tono general del discurso y la obligada mención de los problemas parecían dar a entender que se hablaba de situaciones ajenas a la responsabilidad del Ejecutivo Federal, provocadas por una mano invisible que dominara la vida económica y política del país.
En concreto, Zedillo ofreció sólo cambios en las leyes, sin explicar ni el origen de la crisis ni la forma precisa de enfrentarla. Careció de un diagnóstico de la situación política del país. Ignoró la crisis de gobernabilidad en Chiapas, Guerrero, Tabasco y en general, en todo el país. Demostró con todo esto que sigue imperando "la política del avestruz", posiblemente para evitar que se siga hablando de "la crisis mexicana" en los titulares de los diarios extranjeros.
Con tono triunfalista anunció Zedillo que los objetivos del programa de ajuste se han logrado, a pesar de su alto costo social. Se refirió al descuido en la generación de ahorro interno como razón que hizo muy vulnerable a la economía mexicana. Resultó insatisfecha la población, que esperaba anuncios en política económica y no la retórica propia de economistas que privilegian la macroeconomía sobre la economía cotidiana de la gente. Decepcionó también a quienes esperaban cambios en las explicaciones que se han venido dando en los últimos meses. En todo lo que dijo no se vislumbró ni una sola salida viable y realista a la crisis. En cambio, se reveló una mayor dependencia del país de los capitales especulativos.
En lo político, Zedillo reconoció avances democráticos debidos a la participación ciudadana y señaló que se necesitan reformas jurídicas para aumentarla. Pero el Presidente dio la impresión de encontrarse sometido a las políticas definidas ya por Salinas: no acepta la demanda de una transición a la democracia que implique el desmantelamiento del sistema de partido de Estado y sólo plantea una limitada reforma a la ley electoral.
Chiapas: grave omisiónCaracterizó la actual violencia como resultado de años de medidas insuficientes, de negligencia y de omisiones. No explicó su posición ante el caso Tabasco, los asesinatos de Guerrero y los crímenes políticos pendientes de resolver. Nunca aludió a su promesa de aclarar el caso Colosio. Se excusó sugiriendo que, por ser el actual Procurador miembro de un partido de oposición, es responsabilidad de ese partido, el PAN, avanzar en la investigación. Sin embargo, según el Artículo 21 Constitucional debe intervenir en primera instancia el Ministerio Público y según el Artículo 89 Constitucional, el nombramiento del Procurador corresponde al titular del Ejecutivo. Así que el responsable primero de las investigaciones es el propio Zedillo.
Para responder a la demanda de un real equilibrio entre los poderes, planteó la creación de un órgano colegiado que fiscalice el uso de los recursos públicos. Pero ésa es la misión de la Contaduría Mayor de Hacienda, según los artículos 73 y 74 Constitucionales, hasta ahora no cumplidos porque la mayoría priísta encubre la discrecionalidad con la que se hace uso de los recursos públicos.
Finalmente, una importante omisión: Zedillo apenas habló sobre Chiapas y el conflicto con el EZLN. Afirmó que se sigue un largo proceso de negociación y mencionó una iniciativa de ley de derechos indígenas. Minimizó el tema, soslayando una vez más que existe un movimiento armado respaldado por una gran movilización social y una guerra declarada sin que haya diálogo efectivo, desafíos que no se resolverán ignorándolos. Afirmó simplistamente que la situación es hoy mejor que el 9 de febrero, como si la intervención del ejército hubiera allanado los obstáculos y eliminado los conflictos, siendo exactamente todo lo contrario.
Mientras Zedillo hablaba y en el Monumento a la Revolución, 77 organizaciones civiles, 15 mil participantes y como oradores Cuauhtémoc Cárdenas y los dirigentes sindicales de la Ruta 100 y de El Barzón organización que agrupa a más de un millón de deudores de la banca denunciaron que no ha habido avances ni en lo económico ni en lo social ni en lo político y demandaron el esclarecimiento de los últimos grandes crímenes y soluciones alternativas al modelo económico neoliberal.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica