Guatemala
Incógnitas antes de las elecciones
¿Será candidato a Presidente el General Ríos Montt? ¿Participará la URNG en las elecciones? ¿Habrá una tercera fuerza en el panorama? ¿Cómo influirá el proceso de paz en los comicios?
Gonzalo Guerrero
Después de casi nueve meses de iniciadas las negociaciones sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el gobierno de Guatemala y la URNG firmaron el 30 de marzo un acuerdo sobre el tema. En medio de un ambiente político saturado por las denuncias sobre la complicidad entre la CIA y el ejército de Guatemala, el acuerdo pasó casi desapercibido. Esta tibia reacción tiene que ver con el hecho de que el acuerdo a excepción de los puntos relacionados con los derechos humanos sólo estará en vigencia después de la firma del Acuerdo de Paz.
Un país multiétnico, plurilingüe y multiculturalEntre los aspectos más "innovadores" del acuerdo están los relacionados con los derechos culturales y con los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Entre ellos señala el analista Gabriel Aguilera Peralta, de la FLACSO "destacan los que fortalecen el papel de las autoridades de las comunidades indígenas en el manejo de sus asuntos y en la ampliación de su jurisdicción el mayor reconocimiento al derecho consuetudinario y el tratamiento más amplio y profundo sobre la cuestión de los derechos relativos a la tierra". Aguilera, experto en procesos de negociación, califica el acuerdo como un anuncio de que "efectivamente la paz, que tan duramente y con tanto trabajo se está conquistando, puede llegar a introducir cambios importantes en nuestra sociedad". Sin embargo, hay dudas sobre la voluntad del gobierno de implementar las reformas más controvertidas.
Los grupos mayas reaccionaron con una mezcla de optimismo por los logros formales del acuerdo y con reserva ante sus mecanismos de implementación. "Es la primera vez en la historia de Guatemala que el Estado y el gobierno reconocen y aceptan la existencia de la discriminación en todo nivel contra los pueblos indígenas en Guatemala", concluyó la Instancia de Unidad y Consenso Maya (IUCM), que cuenta con 76 organizaciones miembros. Sin embargo, consideraron que "en el aspecto económico, queda muy superficial e insuficiente (el trato sobre) la tenencia de la Madre Tierra".
Los grupos mayas también criticaron la falta de participación de los pueblos indígenas en la formulación del acuerdo, que resultó con serias lagunas en el contenido. "Nos preocupa que el acuerdo no mencione el tema de la militarización, siendo el Pueblo Maya el más afectado por ésta. En ninguna parte se ocupa de los efectos destructivos realizados por la existencia de la militarización en nuestras comunidades, mucho menos establece solución a la misma", afirmó la IUCM. A pesar de sus limitaciones y del enfoque "integracionista" del acuerdo, los grupos indígenas en el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG) lo consideran "aceptable" porque "empieza a dar una nueva definición y caracterización a la nación guatemalteca como multiétnica, pluricultural y multilingue".
Con la firma del acuerdo, el gobierno se compromete únicamente a promover las respectivas iniciativas de ley en el Congreso. Así, la implementación del acuerdo queda en las manos de congresistas poco representativos de la mayoría indígena del país. En ese sentido, el resultado más concreto de esta ronda de negociaciones ha sido establecer una agenda mínima de consenso sobre la que trabajar en el futuro.
Próximas rondasLa próxima ronda de negociaciones gobierno URNG abarcará aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Se trata de temas medulares, que han sido causa principal de los conflictos históricos del país y que podrían estancar las negociaciones por los fuertes intereses que hay en juego. Se afirma que los comandantes de la URNG se han comprometido a plantear propuestas que contemplan cuatro grandes temas: el papel del Estado en la economía, el fortalecimiento del Estado a partir de una reforma tributaria, la modernización agrícola como solución al problema de la tierra y reformas a los sistemas de prestación de servicios básicos: educación, salud y vivienda.
Los días 27 28 de abril el gobierno y la URNG presentaron sus propuestas en una mini reunión. Luego, ambas delegaciones se reunieron con delegados de organismos financieros internacionales para analizar la viabilidad de sus propuestas en el contexto de la realidad económica mundial. Durante la segunda semana de mayo entrarán en negociaciones sobre estos temas. Como documentos de apoyo al proceso, la Asamblea de Sectores Civiles (ASC) y los empresarios del CACIF han preparado propuestas relacionadas con los temas socioeconómicos y de tenencia de tierras.
El proceso de paz anda un mes atrasado en relación a la recalendarización acordada en enero. Dadas las complejidades de los temas por tratar aspectos socioeconómicos y situación agraria, poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, reformas constitucionales y régimen electoral y al final de todo, el cese al fuego es sumamente difícil que se firme el Acuerdo de Paz en agosto, como estaba previsto por ambas partes.
¿Y el caso Bámaca?El escándalo desatado en marzo en Washington con las denuncias de que la CIA retuvo información sobre la supuesta participación de un coronel del ejército guatemalteco en los asesinatos del guerrillero Efraín Bámaca y del estadounidense Michael Devine, no ha tenido los resultados esperados.
Las denuncias se produjeron en momentos de grandes tensiones al interior del ejército. Y se esperaba que contribuyeran a exacerbar las fisuras entre los diferentes sectores de oficiales. Durante febrero y marzo, un ex guerrillero y una congresista guatemaltecos acusaron a oficiales del ejército de estar involucrados en negocios ilícitos: secuestros de personas y robos de carros. Fuentes cercanas al ejército dijeron que las denuncias venían de sectores de oficiales que estaban iniciando esfuerzos en el sentido de una auto depuración. Las tensiones llegaron a tal punto que se aumentaron las medidas de seguridad alrededor del Presidente, del Ministro de la Defensa y del Jefe del Estado Mayor Presidencial.
En marzo, la revista Inforpress Centroamericana reportó que "la misión diplomática estadounidense habría hecho llegar al Presidente De León Carpio un listado conteniendo el nombre de poco más de 30 oficiales del ejército vinculados al narcotráfico y cuya baja habría sido pedida al mandatario". "La inusitada petición norteamericana habría provocado una virulenta reacción de sectores duros dentro de la institución armada, al punto que se habrían reactivado intenciones golpistas", afirmaba la publicación. Una semana después, el caso Bámaca vino a caer sobre esta crisis y muchos creyeron que iba a abrir más grietas en la institución armada. Pero no ha sido así. El Presidente Ramiro de León Carpio salió a la defensa de Alpírez, el oficial involucrado. El Alto Mando "cerró filas" en lo que observadores calificaron como "una defensa gremial". Y el Presidente de la Comisión gubernamental de la Paz, Héctor Rosada, calificó la campaña como "una conjura" cocinada en Washington.
El impacto del escándalo provocado por las declaraciones del senador Torricelli ha sido "resuelto" por el presidente guatemalteco con el sencillo argumento de que "el problema más serio no se encuentra en Guatemala, se encuentra en Washington donde una agencia federal está señalada de cometer crímenes en Guatemala. Eso es muy escandaloso para la política interna de ese país". "La decisión de desclasificar documentos al nivel de la CIA genera mas problemas al interior de los Estados Unidos que aquí dijo Rosada porque para ellos esto es una especie de comisión del pasado, una comisión de la verdad".
Dos aspectos del escándalo parecen perjudicar la presión que puede ejercer el gobierno de Estados Unidos sobre el ejército de Guatemala. Uno, los hechos o documentos que supuestamente apoyan las declaraciones de Torricelli no han sido divulgados. Y dos, la lógica de encubrimiento en los pasillos del poder en Washington es muy parecida a la que usan los sectores de poder en Guatemala para encubrirse.
¿Fisuras en el Ejército?Pocos analistas políticos han logrado explicar la dinámica interna del ejército guatemalteco, posiblemente el mas hermético del continente. Unos, estudiando los sectores ideológicamente distintos entre los oficiales, argumentan que en los últimos años los "institucionalistas" han logrado imponer sus planes a costa de los de "la línea dura". Otros creen que diferenciar entre sectores del ejército es equivalente a "distinguir entre distintas clases de nazis" , como dice Jennifer Harbury, la viuda del guerrillero Bámaca. Los primeros quieren promover a los sectores modernizantes y convencer o aislar los duros. Los segundos creen que todos son culpables y todos deben pagar. Quizá lo más acertado es decir que hay momentos en que las divisiones internas definen las políticas estratégicas del ejército. Y hay momentos en que el ejército está "graníticamente unido".
En los últimos años, las actitudes y reacciones de los oficiales han sido determinadas por cuatro grandes intereses: la necesidad de derrotar militarmente al enemigo (en cualquiera de sus manifestaciones) por cualquier medio necesario (línea dura); la necesidad de mantener la integridad de las fuerzas armadas en relación a los cambios en las condiciones políticas nacionales y mundiales (institucionalistas); el uso de la impunidad y la autoridad que da la institución para el enriquecimiento ilícito; y el temor de ser juzgado y sancionado por su participación directa en violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
Hay temas en los que no hay fisuras. Oficiales de cualquier línea ideológica podrían estar involucrados en violaciones flagrantes o tener negocios ilícitos. Y las fronteras se mueven: un oficial apegado al credo de "cualquier medio necesario" hace doce años, podría ser hoy un institucionalista.
La institución armada enfrenta hoy varios retos. Una vez firmado el acuerdo de paz, una comisión de esclarecimiento histórico analizará el papel jugado por un ejército que tiene el peor historial de violaciones de derechos humanos en el continente. En los últimos cinco años, la comunidad internacional ha aumentado sus críticas a este ejército y ha exigido el fin del muro de impunidad que lo protege.
El fin de la guerra fría, la probabilidad de un arreglo negociado al conflicto armado y presiones internacionales en favor de reformas en el sistema de seguridad, apuntan en su conjunto hacia importantes cambios en el ejército. En este momento, los ataques se entrecruzan. Los oficiales con negocios ilícitos son acusados por fuentes allegadas a los institucionalistas.Todos los oficiales "con esqueletos en el ropero" se sienten amenazados por las revelaciones en contra del Coronel Julio Alpírez por su supuesta participación en asesinatos y torturas. Y hasta a un destacado institucionalista, el ex Ministro de Defensa General Alejandro Gramajo, se le sigue un juicio civil en los Estados Unidos. Un juez estadounidense ordenó al General pagar 47 millones de dólares por daños a siete personas durante el tiempo en que ostentó el cargo.
Mientras los ataques sean dirigidos a particulares por corrupción, violaciones no vinculadas al esfuerzo contrainsurgente, etc. , tal vez habrá lugar para divisiones o para depuración. Pero en el momento en que todos se sientan amenazados o cuando los ataques se perciban como "una conjura" en contra de la institución, la reacción será institucional.
¿Ríos Montt?Aunque quedan menos de seis meses para las elecciones generales, todavía hay poca claridad en cuanto a los probables resultados.
La forma en que se desenvuelven los acontecimientos electorales depende de cuatro incógnitas: la participación o no del general retirado Efraín Ríos Montt, la decisión de la URNG de tomar parte o no en el proceso electoral, la manera en que se vinculan los logros en la mesa de negociación URNG gobierno con los temas electorales y la definición de una tercera fuerza política en el país. Hasta el momento, no existen indicios claros sobre el futuro de estas cuatro variables.
Las encuestas y los analistas políticos señalan al Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Ríos Montt como el partido más popular entre la población votante. Su principal rival, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), un partido de la derecha modernizante, con una base principalmente urbana, aparece en segundo lugar. La última encuesta independiente muestra que el 48.5% de los encuestados se inclina en favor de Ríos Montt, mientras que el 30% favorece a Alvaro Arzú del PAN.
La candidatura de Ríos Montt se ve ensombrecida por obstáculos constitucionales que prohiben que opte a la Presidencia cualquier persona que haya llegado a ser Jefe de Estado por un golpe militar. Los riosmontistas rechazan esta prohibición, argumentando que no puede ser aplicada retroactivamente y que el General ocupó la Presidencia dos años antes de la ratificación de la Constitución. Afirman también que la prohibición fue hecha para bloquear las aspiraciones de Ríos Montt y que es antidemocrática porque le quita a los votantes la oportunidad de decidir quién será su Presidente.
El plan del FRG es insistir en la candidatura del General e intentar reformar las leyes electorales. Los riosmonttistas esperan crear suficiente presión política para forzar la aceptación de su candidato por los tribunales. "Si no me dejan participar se agudizará la anarquía en Guatemala", ha advertido Ríos Montt.
Arzú y el PANCon o sin Ríos Montt, el fenómeno del riosmontismo ha definido una línea divisoria en el campo electoral. Hay refugiados guatemaltecos en México que dijeron que pospondrían su retorno si Ríos Montt llega a ser Presidente. Grupos de derechos humanos, organizaciones de víctimas de la violencia, sindicatos y líderes indígenas han externado también sus preocupaciones.
Aparte de su historial como jefe de un gobierno de facto y represivo, el riosmontismo representa un estilo de gobierno autoritario, vertical y basado en una moral del Antiguo Testamento, que enfatiza el orden y la seguridad. En momentos en que la sociedad civil está haciendo esfuerzos por ampliar su participación política y por descentralizar la toma de decisiones públicas, un gobierno paternalista ofrece pocas esperanzas.
Hasta el momento, el PAN y Alvaro Arzú aparecen como la segunda fuerza política del país. Aunque el PAN ha sido calificado como un partido de derecha modernizante, Arzú ha tenido poca suerte en ganar la confianza de los sectores empresariales tradicionales.
La esperanza del PAN es que Ríos Montt sea excluido de las elecciones. Los temores de amplios sectores organizados de la población de que Ríos Montt llegue a la Presidencia, han puesto al PAN en una buena posición para consolidar el voto "anti Ríos".
Los dos atractivos que tiene el PAN son que Alvaro Arzú no es Ríos Montt y que durante los últimos años y en el Congreso Nacional. Este partido ha logrado evitar mucho del desgaste político atribuible a la corrupción y al oportunismo. El riesgo principal para el partido es que sus bases en el sector privado modernizante y entre los profesionales urbanos temen tanto al riosmontismo como a las reformas propuestas por los sectores populares. Y un viraje a la izquierda podría poner en peligro la base tradicional del PAN.
¿Una tercera fuerza?Con los dos grandes partidos de derecha dominando el Congreso Nacional, el panorama para los demás partidos parece bastante ensombrecido. Juntos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) tienen casi tres cuartos de los curules en el Congreso (57 entre los dos). Desde la inauguración del Congreso en septiembre/94, los demás partidos han buscado palanquear su poca fuerza política con alianzas tácticas que inclinan la balanza en favor de una u otra de las dos fuerzas grandes. Pero hasta ahí nomás. A mediados de abril, la antes poderosa Democracia Cristiana Guatemala (DCG) y la acéfala Unión del Centro Nacional (UCN) decidieron aliarse con el debilitado Partido Socialista Demócrata (PSD) para formar un autodenominado Frente Nacional.
La estrategia de los tres partidos consiste en crear una alianza capaz de atraer a todos los potenciales votantes del centro y de la izquierda, a quienes se oponen al FRG por ser el partido del General y a quienes desconfían del PAN por considerarlo un "partido de clase". El Frente Nacional tiene en su favor una dosis de pluralismo ideológico y la ausencia de otras alternativas viables para los sectores sociales tradicionalmente marginados de la política. En su contra, están sus largas historias de oportunismo, corrupción y acomodamiento, desde la llegada del gobierno demócrata cristiano de Cerezo en 1986 hasta el derrocamiento del gobierno de Jorge Serrano Elías, en mayo de 1993.
Mientras algunos analistas políticos ven en la triple alianza la mejor posibilidad de derrotar a la derecha, el legado de corrupción y oportunismo pesa sobre cualquier evaluación de su credibilidad. El Frente Nacional ya tiene su candidato: Fernando Andrade Díaz Durán, Canciller durante el gobierno de Cerezo y con fama de ser "un poder detrás del trono" en varios gobiernos militares. Hoy mantiene relaciones de amistad con uno de los comandantes de la URNG. Andrade Díaz Durán fue clave en la transición hacia un gobierno civil en 1985 y se dijo que su nominación como Canciller fue una concesión al ejército. Los grupos de derechos humanos desconfían de él por sus vínculos con el ejército. A primera vista, el PAN parece ser el partido mas afectado por el Frente Nacional, aunque mucho dependerá de la estrategia que siga la URNG y las organizaciones populares y del grado de interés popular en el proceso electoral.
La mayoría silenciosaEn las últimas elecciones de agosto/94, más de un 80% de la población votante se abstuvo de acudir a las urnas. Hasta la fecha, nadie ha motivado el interés de la población pues ningún partido toca los temas más controvertidos: el acceso a la tierra, la militarización en el área rural o la autonomía para los pueblos indígenas.
Lo que podría provocar un aumento en la motivación ciudadana a participar en las elecciones serían reformas a la ley electoral y a la de partidos políticos, que permitieran la participación de comités cívicos locales en las elecciones legislativas. Pero los partidos nacionales muestran poca voluntad de eliminar con esas reformas el monopolio que tienen actualmente en la postulación de candidatos. Otro factor que permitiría incrementar la participación electoral serían las reformas legales que podrían producir las negociaciones de paz, la posición que tomen las organizaciones populares y la participación de la URNG en las elecciones. Son muchas aún las incógnitas, pero todo en Guatemala empieza a oler a elecciones.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica