El Salvador
Un gobierno contradictorio y un plan aventurero
La falta de cumplimiento de los acuerdos de paz y el lanzamiento de un "plan" económico aventurero refleja un gobierno sin liderazgo definido, dominado por fuerzas contradictorias, carente de credibilidad en el pueblo.
Juan Hernández Pico, SJ
Transferencia de tierras y créditos para los excombatientes en las areas rurales, viviendas y nuevos asentamientos para todos los desmovilizados y programas de reinserción civil para los ex militares son los asuntos candentes y aún pendientes de los acuerdos de paz. El incumplimiento en estos puntos está llevando al límite la capacidad de paciencia de los excombatientes y aproximando el momento de confrontaciones públicas tal vez incontrolables. La incapacidad de cumplir con la última recalendarización para saldar estos acuerdos revela no sólo la falta de voluntad política del gobierno ni sólo la escasez de fondos, sino una carencia de autoridad, lo que en su pronunciamiento del 15 de febrero la Universidad Centroamericana(UCA) llama "un problema de poder".
Sistemático retraso en los acuerdos de pazEn cuanto a la transferencia de tierras, los meses de noviembre y diciembre de 1994 vieron avances muy importantes y a un ritmo rápido, después de que el gobierno y el FMLN se comprometieron en octubre a acelerar todo el proceso. Pero desde comienzos de 1995 el ritmo se ha frenado. Según el FMLN, un 47% de los que deberían ser beneficiados con transferencias de tierras no había recibido nada a mediados de febrero. Todo indica que en esto ha influido la renuncia del Ministro de Agricultura señalado por corrupción y la aparición, al frente del Banco de Tierras y de numerosas oficinas departamentales, de nuevos funcionarios, ligados a sectores ultraderechistas de ARENA.
La renuncia de otro Ministro, el de Hacienda también por corrupción ha dejado en la práctica al Presidente Calderón Sol sin dos de sus más cercanos colaboradores en el gabinete, reduciendo así su capacidad ejecutiva. Cada vez existen menos dudas de que tras las numerosas denuncias de corrupción que la derecha hace hoy a la derecha sin perjuicio de su objetividad existe la intención política de paralizar el gobierno y sobre todo, de estorbar el cumplimiento de los compromisos de los acuerdos de paz.
La lentitud con que se ha canalizado el crédito a la producción agrícola apunta también al sabotaje de la política de redistribución de tierras contemplada en los acuerdos de paz. Si el crédito uno de los más importantes instrumentos de democratización no llega a tiempo para el ciclo agrícola podría quitar significación a la entrega de tierras. El gabinete económico, que busca favorecer con las divisas disponibles las importaciones de bienes de lujo y la especulación financiera, no percibe esta urgencia. Entre otras cosas, porque carece de una política que planifique la autosuficiencia alimentaria del país.
Todas las medidas socioeconómicas contempladas en los acuerdos de paz padecen de un sistemático retraso. Ni siquiera se ha puesto en marcha el traspaso de viviendas a ex combatientes, tampoco se han empezado a entregar pensiones a los lisiados de guerra. Mucho menos se ha reiniciado la discusión de los marcos jurídico laborales o de las políticas económicas en el Foro Económico Social, interrumpido desde el inicio de la campaña electoral hace ya casi dos años.
La discusión pública sobre el reciente "plan" económico gubernamental habría sido la mejor ocasión para reabrir el Foro, pero no fue así. Y aunque se habla de la instalación en el Ministerio del Trabajo del grupo tripartito de consulta previsto por el nuevo código laboral, este grupo tiene restringidas sus tareas a resolver las disputas patronal laborales y no está previsto que toque políticas socioeconómicas más de fondo.
Detrás de la violenciaLo más grave de la situación salvadoreña es que no existe en el gobierno una responsabilidad unificada real además de la nominal . El gobierno está fragmentado por sus conflictos internos. Grupos de base económica diversa se disputan el control dentro del espacio gubernamental, mientras que el militarismo y el compromiso con la democracia se disputan el espacio nacional.
En estas circunstancias, las necesidades insatisfechas y la frustración al sentirse engañados han lanzado a los desmovilizados de la Fuerza Armada, a manifestaciones violentas con toma de edificios públicos y de rehenes. A fines de enero se tomaron la Asamblea Nacional e intentaron extender la ocupación a la Corte Suprema y a los demás edificios institucionales del Centro de Gobierno. Los hechos pusieron en evidencia la moderación y también una cierta impotencia del batallón antimotines de la nueva Policía Nacional Civil. El director de la PNC insistió en la insuficiencia del presupuesto que se les ha asignado.
A los pocos días, resuelto este problema, se intentó sin éxito otra toma de la Asamblea. En esa ocasión los diputados de oposición de la izquierda abandonaron el recinto en protesta al verlo rodeado por la Fuerza Armada. Se aprovechó también la presencia en febrero en El Salvador del presidente del gobierno español Felipe González para escenificar manifestaciones violentas frente a Casa Presidencial, de donde el presidente español y el salvadoreño que firmaban varios acuerdos tuvieron que ser trasladados rápidamente al aeropuerto para evitar que fueran alcanzados por gases lacrimógenos.
En todas estas ocasiones las razonables reivindicaciones de los desmovilizados fueron manipuladas por fuerzas antidemocráticas opuestas al cumplimiento de los acuerdos de paz. Se les entregaron armas que sólo el ejército o fuerzas paramilitares tipo "escuadrones" pueden tener. Y se les hicieron promesas infundadas en los acuerdos a antiguos miembros de la defensa civil y las patrullas cantonales para sumarlos a las protestas. Manipuladas también para así mostrar a la población la deficiencia de la seguridad que brinda la PNC y la incapacidad del nuevo régimen producto de la paz para responderle al pueblo.
La presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Nacional no parece haber surgido de una orden presidencial, sino de una iniciativa inconstitucional de la Presidenta de la Asamblea, que posteriormente tuvo que ser encubierta y avalada por el Presidente de la República. Y al gobierno español había que desafiarlo en su voluntad expresa de condicionar créditos e inversiones españolas en El Salvador al cumplimiento de los acuerdos de paz.
Las fuerzas que desde dentro de las estructuras gubernamentales están apostando al regreso de un régimen autoritario en el que la Fuerza Armada vuelva a tener mucho poder han jugado inteligentemente desde el mismo final de la guerra. Han regateado constantemente el presupuesto necesario para desarrollar la PNC y la han infiltrado continuamente con miembros de los antiguos cuerpos de seguridad, sin someterlos a un examen de aptitud conforme a los parámetros de la nueva doctrina de seguridad.
En dos casos, esta infiltración ha sido no de individuos sino de cuerpos especializados enteros: la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos y la Unidad Especial Antinarcóticos. Este último caso llevó a ONUSAL a exigir la depuración drástica del hoy llamado Destacamento Anti Narcóticos (DAN), lo que provocó que los depurados apoyados por algunos más contestaran con una huelga que ha durado más de un mes.
Datos de una encuesta Los resultados de toda esta conspiración se reflejan en la opinión pública. Una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA en los días en que estaba ocupada la Asamblea y comenzaba la huelga en el DAN de la PNC, indica que el 63% de la población señala al gobierno como principal responsable de los disturbios y sólo un 4.6% afirma que lo sean los desmovilizados de la Fuerza Armada. El problema que una mayoría de la población (45%) percibe como el principal es la delincuencia y la criminalidad, mientras el 40% cree que los principales problemas son de carácter económico. Más del 70% opina que el gobierno no se preocupa en absoluto o muy poco por solucionar estos dos tipos de problemas.
Teniendo en cuenta que un 33% de la población evalúa como buena o muy buena la actuación de la PNC y otro 48% la evalúa como regular, parecería que lo que la población reclama al gobierno no es la seguridad que da la PNC sino su insuficiencia, tal vez precisamente por no estar apoyada por el gobierno.
La población salvadoreña tiene bastante identificadas las causas de las recientes huelgas y manifestaciones: entre los que opinan que se deben al incumplimiento de los acuerdos de paz (35%) y los que las atribuyen a la crisis económica (31%) suman dos tercios de la población. Es clara la conciencia sobre la crisis general del país y un 69% piensa que en 1995 habrá muchos conflictos.
Contra la privatizacionesDesde comienzos del año se han sucedido semana tras semana estos conflictos en las instituciones públicas, la gran mayoría expresando la oposición de los trabajadores a la privatización de estas instituciones. El ciclo lo comenzaron en enero los trabajadores del INPEP, que maneja los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Estado. Los trabajadores reclaman que el contrato colectivo acordado entre los ejecutivos y el sindicato no ha sido ratificado desde octubre/94 por el Ministerio de Hacienda.
Hay que tener en cuenta que los fondos de pensiones son probablemente la más importante tajada de cualquier proceso de privatización, pues significan un enorme capital para cualquier aseguradora privada decidida a hacerlos formar parte de financieras o de bancos. Con ese capital se podría optar después a la compra de otros activos empresariales del Estado, como la empresa de comunicaciones (ANTEL) o la eléctrica (CEL).
Los trabajadores de ANTEL han escenificado también manifestaciones callejeras y decidido hasta paros en las comunicaciones telefónicas internacionales. Posteriormente, fue el Sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISS) el que se tomó las instalaciones de la empresa, siendo el único grupo contra el que la PNC actuó con mucha firmeza. Los trabajadores de la red de agua y alcantarillados (ANDA) y los del Ministerio de Obras Públicas (ATMOP) están también en pie de lucha, listos para iniciar nuevos conflictos.
Dentro del sector privado lo más significativo ha sido la denuncia de las trabajadoras de maquiladoras textiles de la Zona Franca de San Marcos. Aprovecharon una exposición de productos maquilados para denunciar el maltrato que padecen. Todo el mundo sabe que las maquiladoras no se distinguen por su respeto a los derechos laborales y que se valen del alto grado de desempleo como arma de chantaje para frenar cualquier protesta. En este momento, no pocas figuras de la empresa privada exigen al Ministerio de Trabajo que investigue a los empresarios culpables de estas violaciones, aunque añade que sería injusto juzgar a toda la industria maquiladora por casos aislados.
Un plan que no convenceEl 2 de febrero, después de unos 20 días de discusión pública, el Presidente Armando Calderón Sol anunció y definió en un discurso a la nación, lo que dio en llamar "plan" económico. Quedó en evidencia que el gobierno no cuenta con una estrategia clara y completa para el desarrollo de El Salvador. Las cuatro medidas que habían sido "flotadas" se mantuvieron: tasa fija del colón con el dólar aun no se sabe cuál , descenso del techo y del piso de los aranceles bastante más gradual y menos drástico del que al comienzo se había anunciado , saneamiento fiscal sin subir por el momento el porcentaje del IVA, sino enfatizando una cobertura más completa de la recaudación de los actuales impuestos y privatizaciones.
Para algunos analistas, la clave está en las privatizaciones: del INPEP primero y luego de ANTEL, CEL, etc. Estas tendrán como resultado generar el tipo de capitalista exportador e importador, industrial y financiero que se aprovechará de las otras medidas. Mientras, el Estado los apoyará con una recaudación fiscal más eficiente. La discusión previa del plan logró al menos enfocar con menos imprudencia el tema de las desgravaciones arancelarias y no gravar más fiscalmente a las grandes mayorías a través de un aumento del IVA.
Las reacciones en El Salvador han sido de mayoritario rechazo entre la mediana y pequeña empresa, los sindicatos, las organizaciones sociales, las Iglesias, las universidades y centros de investigación con excepción de FUSADES , e incluso entre sectores de la gran empresa. Las instituciones financieras multilaterales expresaron notables reservas al plan.
Antes de que el gobierno lanzara en los medios de comunicación una campaña en su favor, la población respondió a una encuesta de la UCA.
El 58% conocía las medidas. De ese porcentaje, 61% no estaba de acuerdo con ellas y el 19.5% sí. Prácticamente la misma mayoría (60.8%) opinó que las medidas sólo beneficiarían a los más ricos del país. Un tercio de los ciudadanos cree que la economía del país no mejorará con estas medidas y otro tercio que mejorará poco. Y piensa que los impactos más negativos se verán en el empleo y en la producción agrícola. El lenguaje hiperbólico con que el gobierno está presentando su plan como la llave de entrada de El Salvador a la economía global no parece convencer a las mayorías. La arrogancia e irrealidad con que el gobierno diseña a El Salvador como "el Hong Kong centroamericano", insinuando que ya no es necesaria la plataforma de la integración regional centroamericana, no encuentra mucho eco en el país.
Iglesia y MediosLos frenos al cumplimiento de los acuerdos de paz nada se ha hecho tampoco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y del Grupo Conjunto en lo que toca a la reforma judicial o a la investigación de los escuadrones , la campaña de desprestigio de la Policía Nacional Civil, la manipulación de las reivindicaciones justas de los desmovilizados de la Fuerza Armada y el lanzamiento de un "plan" económico aventurero y conflictivo que no nace de la plataforma de discusión pensada por los acuerdos el Foro Económico Social , refleja un gobierno sin liderazgo definido, dominado por fuerzas fragmentadas y contradictorias. En estas condiciones es probable una vuelta atrás en el proceso de democratización que implicaban los acuerdos de paz.
Tal vez el resultado más preocupante de la encuesta de opinión de la UCA es el que trata de medir la confianza de la población en varias instituciones. Los Partidos Políticos son la institución que menos confianza recibe. El 53.5% de la población no tiene ninguna confianza en ellos. Ninguna confianza en el gobierno (70.5%) y en el Sistema de Justicia (70.5%). Mucha o alguna confianza en la Iglesia Católica (62.5%) y en los Medios de Comunicación (59.6%).
Es evidente que en El Salvador de comienzos de 1995 no hay aún ni un gobierno que convenza ni una alternativa política que abra esperanzas de otra perspectiva.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica